De la víctima, la humanización de su trato y la gestión pública de sus intereses ( Breves consideraciones ) I Parte




"Si un significado tiene la democracia es precisamente el de revalorizar la persona humana en toda la complicada red de las instituciones procesales que solo tienen un significado si se entienden por su naturaleza y por su finalidad jurídica de garantía. De aquel supremo valor que no puede nunca venir sacrificado por razones de utilidad: el hombre".

JUAN LUIS BLANCO


Muy poco se habla de la víctima y su importancia dentro del proceso penal. Tradicionalmente esto ha sido así, debido a la consideración que las ciencias criminológicas le han otorgado a la victima como sujeto pasivo dentro del proceso penal y la actividad criminológica.

Hoy por hoy, sabemos que esto no es del todo aceptable, debido al paulatino desarrollo de la victimología y nueva victimología dentro del estudio de los fenómenos criminológicos.

En esta línea de pensamiento, junto con la evolución de las ciencias criminológicas en el marco del manejo de las víctimas; la ciencia de la administración y la gestión pública, no pueden menos que promover la modernización de las instituciones públicas desde la transversalización del principio de protección a las víctimas del delito.

Lo anterior implica el cruce de información entre las autoridades encargadas de atender estos casos y la creación de un sistema eficiente de manejo de la información que pueda coadyuvar a la protección integral de la víctima en un momento dado.

La integralidad en el principio de protección adquirirá bases sólidas en la medida que se logre sistematizar una conducta administrativa que respete el valor de la víctima dentro del equilibrio social.

Nos referimos a equilibrio social, ya que el respeto a la víctima privilegia dicho equilibrio, disminuyendo el estado de barbarie en la que puede caer cualquier ser humano que sienta que sus reclamaciones no están siendo manejadas con la solemnidad que la situación lo amerita.

Hay que considerar que el miedo es el arma que utiliza el agresor aun después de perpetrado su delito, razón por la cual es de suponer que en la mayoría de los casos el mismo intente de manera personal o por interpuesta persona presionar, manipular o socavar la mente y espíritu de su victima. Ante lo cual, la víctima acudirá a las instancias de protección pertinentes, esperando un manejo humano y respetuoso de su caso.

En este sentido, el estado a través de sus instituciones y estas por medio de sus funcionarios deben hacer un alto en el procedimentalismo burocrático deshumanizante para gestionar los asuntos de la víctima con concienzudo tacto y personalizado manejo.

Sin lugar a dudas, los encargados de gestionar los asuntos públicos en donde se ven vinculadas víctimas de delitos, no podrán menos que cuestionar estas palabras invocando las limitaciones en medio de las cuales se ven forzados a trabajar y gestionar la atención diaria de un sinnúmero de victimas, para las cuales en la mayoría de las veces no se dan abasto.

Sin embargo, en esto debemos ser categóricos al manifestar que no hay razón que justifique cualquier tipo de omisión, extralimitación, inobservancia, negligencia y/o ligereza en el manejo de asuntos que tienen que ver sobretodo con delitos contra el honor, libertad sexual, violencia doméstica y delitos conexos que afectan la mente y el espíritu de la víctima con efectos en la mayoría de los casos irreversibles para las mismas y sus familias.

La clara concepción del funcionario sobre su impacto en la forma en que la víctima recordará el evento traumático del que se trate, así como la brújula que guiará las políticas de gestión en las instituciones encargadas de velar por las víctimas del delito puede ser la diferencia entre un tránsito mas o menos difícil o imposible hacia la recuperación.

El entendimiento de que el individuo que acude a solicitar orientación, atención y protección en un momento dado, es antes que nada una persona, cuya dignidad fue violentada y puede serlo doblemente con el mero hecho de que no se le de la atención adecuada en un momento dado, contribuirá a un cambio de paradigma en cuanto al manejo de la cosa pública y claro esta en la forma en que la victima viva y rememore el proceso.

A mi modo de ver, tanto la capacidad que tenga quién reciba el informe primario de lo ocurrido y su empatía hacia la situación de la víctima, como la previsión de circunstancias que pudiesen poner en riesgo la estabilidad psíquica y emocional de la misma, como por ejemplo; citar en un mismo día y a una misma hora a víctima y victimario para rendir declaración, entre muchas otras circunstancias que se viven a diario como resultado del mal manejo institucional que se le da al tema, son circunstancias que no pueden ni deben escapar al interés del directivo público y sus subalternos.

La víctima de un delito no es un número de expediente, el número de expediente es una forma de organizar la gestión interna de la documentación y los procesos administrativos, mas no es la víctima, en sí, ni su historia, ni sus temores, mucho menos su vida y la preservación de la misma.

La inadecuada atención a las víctimas no es algo trivial, por es un tema de importante valor, ya que proyecta una carencia del sistema que perpetua en el tiempo la agresión y es a su vez un atentado contra la dignidad humana en su máxima expresión.

Debemos tener claro que tan prioritario como la inscripción de una sociedad, el abanderamiento de un buque, el aviso de operación de una empresa, entre muchos otros trámites que se gestionan a diario en nuestras instituciones con especial esmero para cuidar de nuestras inversiones y a nuestros inversores, debe ser la protección que el estado otorgue a sus asociados, antes, durante y después de ser víctima de la comisión de un delito.

La denominada “doble victimización” es un hecho incontrovertible que ocurre a diario en nuestras sociedades modernas, en las cuales tanto instituciones como encargados de administrarlas participamos como actores en algunos casos y como convidados de piedra en otros y de cuyo círculo vicioso debemos escapar.

La dignidad de la persona humana no es un elemento a tener en consideración a la hora de administrar o gestionar lo público, por el contrario es la razón de ser de la administración y la gestión de lo público y por ende la forma en que se lleve a cabo hablará bien o mal de cualquier sistema político-administrativo en un momento determinado.

En este sentido, como directivos, gestores, funcionarios, debemos hacer lo que sea necesario para contribuir a que nuestras víctimas sientan cierta comodidad al ventilar sus reclamaciones ante nuestras instancias y principalmente se debe entender la agresión como un fenómeno en donde el poder del agresor juega un papel importantísimo aún despúes de la comisión del delito, por ende sin irrespetar los derechos de ambas partes, no le otorguemos mas poder al agresor debilitando el animo de la víctima, relegándola a una esquina oscura de indefensión frente al malhechor, en dónde el sistema legal y administrativo la asfixie en vez de oxigenarla.

2 comentarios:

  1. Excelente articulo nuevamente. Sinceramente el hecho de poder identificar y atacar lo que algunos teoricos llaman la violencia institucional hacia las victimas que han sufrido la agresion propia de un delito es un tema que debe ser abordado por toda administracion publica que se digne de decente.

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  2. Muchísimas gracias apreciado Renzzo. Comentarios como el tuyo nos motivan a seguir buscando estrategias para mejorar este espacio en la red.

    Efectivamente como señalas; la violencia institucional es un tema de gran preocupación en nuestros países.

    La violencia practicada por los agentes del Estado, desde la utilización de expresiones peyorativas hacia ciertos sectores de vulnerabilidad social, victimas de delitos y otros, hasta la represión directa e innecesaria en muchos casos, son parte del diario vivir en nuestra sociedad. Una realidad que debe dar paso al cambio de paradigma personal e institucional necesario en el proceso de modernización de las administraciones públicas.

    La modernización pública basada en cambios cosméticos o de forma puede representar un aparente avance, pero el verdadero proceso de innovación se verificara en el momento en que la mentalidad de los encargados de administrar nuestras instituciones conlleve el entendimiento por el respeto hacia la victima del delito, el respeto hacia el usuario del servicio público o contribuyente dependiendo del caso.

    Más adelante abordaremos este tema con mayor detenimiento, para lo cual esperamos tu apoyo incondicional de siempre.

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