La Barbarie de un Sistema: Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen




El 9 de enero de 2011, mientras escribía sobre liderazgo y juventud, teniendo como inspiración la gesta histórica de los mártires del nueve de enero que lucharon por la soberanía de nuestro país, soberanía que irónicamente ha servido para alimentar aún a aquellos que vociferaban que de soberanía e ideales no se vivía (pero bueno eso es harina de otro costal), justamente en ese momento ocurría uno de los hechos más vergonzosos y repugnantes para el Estado panameño y para cualquier estado que se precie de caminar hacia la modernidad.

Sin ánimo de exagerar y por el contrario, faltándome palabras para describir lo nefasto de los acontecimientos acaecidos en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocúmen, sólo puedo decir con espanto, que fuimos testigos por televisión nacional, de como un grupo de jóvenes infractores se “quemaban vivos”,al más impresionante y desgarrador estilo de un reality show de las mil caras de la muerte. Todo esto a ciencia y paciencia de las autoridades, los bomberos y camarógrafos que cubrían la noticia.

Dicha cobertura, nos permitiría más tarde a quiénes pensábamos que lo habíamos visto todo, permanecer inicialmente estupefactos y luego embargados de rabia y dolor, frente a imágenes dantescas que repetidas una y otra vez, proyectaban el dolor, los gritos desesperados, las pieles desgarradas, el tizne asfixiante y el encierro abrumador de quiénes pedían a gritos ayuda, mientras las autoridades encargadas de custodiarlos les gritaban frases como: “Quieren Agua? Ustedes no son hombrecitos, muéranse!; mira, mira, ahh…ahhh. Por que lloran? Si antes eran feliz, querían cacao?

Luego de ver dichas imágenes y escuchar las grabaciones de lo ocurrido en el Centro de Cumplimiento, para cualquiera que albergue una pizca de humanidad en su ser y viva aunque sea parte de eso que llaman realidad sensible, más allá del carro de moda, la discoteca del momento y la goleada favorita del partido, lo que vimos representó no sólo una evidente afrenta a la dignidad humana y un atentado a la credibilidad en nuestras instituciones, sino también una cachetada intelectual a quiénes por profesión y/o convicción, creemos en la ley y el respeto de los derechos humanos, pues deja al descubierto un sadismo, temeridad y comportamiento enfermizo, que nada tiene que ver con derechos, ley y cumplimiento del deber.

Ahora bien, así pienso yo y seguramente hay quiénes no compartan mi opinión, ya que argumentarán entre otras cosas que “esos jóvenes”, eran “infractores”, “delincuentes”, “nada bueno para la sociedad” (como si el serlo fuese una condición sine qua non para ser catalogado como basura”), otros simplemente callarán y pasarán del tema al considerar que si no era un hijo, un esposo, un padre, un hermano o simplemente un amigo, no es asunto suyo. Pues bien, en cualquiera de los dos casos, a mi modo de ver, esto va más allá de lo que representaban dichos jóvenes para la sociedad o la poco o ninguna relación que cualquiera de ellos tenía con nosotros. Esto se trata más bien, de la barbarie de un sistema, de la institucionalización del terrorismo, se trata además de la poca o ninguna capacidad emocional de algunas personas con investidura y autoridad para resolver situaciones complejas que verán a diario en sus funciones públicas.

Y es que me pregunto, si después de lo ocurrido ustedes no se cuestionarán que otras arbitrariedades podrían ser cometidas so pretexto de llevar una investidura de autoridad y salvaguardar el orden público? Y si no se lo han preguntado, pues es hora de que lo hagan.
Es cierto que al Estado se le reconoce el monopolio del uso de la fuerza o violencia legítima, en defensa de la ley, de la seguridad y la libertad de los asociados, ejercida mediante las autoridades designadas para este cometido. Sin embargo, la legalidad en ningún caso puede eclipsar la legitimidad de las acciones de las autoridades.

Sin duda alguna, este es un tema sumamente sensitivo para la sociedad en su conjunto, ya que conlleva la necesidad de lograr un acuerdo en cuanto a las políticas de Estado que regulan la materia, con sus consecuentes planes, protocolos y manuales de actuación. Acompañado claro está, de un trabajo permanente y continuo de formación y capacitación para la policía, que implique no solamente el manejo de los últimos equipos de ataque y represión, sino también el componente psicológico de las posibles situaciones a las que se verán enfrentados en el ejercicio del deber y “la mejor manera para hacerle frente”.

De igual forma, además de un tema de políticas públicas, es un tema de presupuesto e inversión pública, si se tiene en consideración que el Centro de Cumplimiento al momento de ocurrida la barbarie, contaba con espacio para 48 menores y habían 180 al momento de ocurridos los hechos, lo cual sumado a la escasez de custodios, los obligaba a mantenerse por días en celdas, hacinadas, con poca respiración. Sin mencionar las 24 horas de no ingesta de alimentos y los 15 días sin consumo de agua potable.
Es esto humano, me pregunto? Porque muchos, con el pueril pretexto tartufiano de que la verdad siempre tiene dos caras, se han alzado muy airados reclamando el por qué de tanto escándalo si angelitos no eran e indicando duramente que si ellos iniciaron el motín obtuvieron justamente lo que merecían.

Pues bien, recibiré críticas y las asumo, pero si llegamos al punto de institucionalizar la indolencia, la barbarie y la irreverencia a la dignidad humana, más allá de proteger nuestros bienes más preciados, vida, honra, integridad, etc. estaremos dando paso a la desintegración del tejido social y al desmoronamiento del estado de derecho.

Es por tal motivo que dejo en el tapete ciertas reflexiones:

• Nadie esta exento de relacionarse de alguna manera u otra con las autoridades (a diario ocurre, en un retén, en un acto masivo, en una discoteca, etc.), respeto a la autoridad y leseferismo frente al autoritarismo son dos asuntos distintos. Callar frente a una violación de derechos humanos de esta magnitud y enviar un mensaje de impunidad a las autoridades encargadas de salvaguardar la vida y honra ciudadana, supone un delicado y peligroso paso a la aceptación de una omnipotencia que ha sido la génesis de excesos y abuso de poder en otros momentos de la historia patria.

• La dignidad de la persona humana viene dada por elementos superiores a nosotros mismos y ningún ser humano tiene el poder como para mancillar dicha dignidad, (esto aún para quién crea o no en Dios) ya que hay un elemento de principios superiores (derechos humanos) que nos “debe” hacer respetar la dignidad de cada individuo, en un estado democrático y de derecho. Y quién no lo asuma y no lo viva, simplemente es una bestia, animal con ropa o un bárbaro de la modernidad, más no un ser humano capaz de vivir en sociedad.

• Lo ocurrido en el Centro de Cumplimiento es la punta del iceberg, en la crisis de gestión pública del Estado panameño, una crisis para la cual el ciudadano de a pie parece haberse curtido y tornado permisivo, sobretodo frente a la recalcitrante mediocridad por parte de quiénes tienen las riendas de nuestras instituciones públicas.


• No se trata de glorificar y elevar a delincuentes por encima de autoridades, ni de defender los derechos de estos por encima de las victimas olvidadas, se trata de detener los extremismos, entendiendo que impartir orden y administrar justicia son dos de los pilares sobre los que descansa el equilibrio y pervivencia de todo sistema social y político, razón por la cual las tensiones en las relaciones entre victimas y victimarios, deben ser neutralizadas por los agentes del Estado que con la sanidad mental que “debe” caracterizar a todo individuo con investidura de autoridad, debe sopesar y colocar en equilibrio.

• Panamá, país de impresionantes índices de inversión y foco constante de atractivo extranjero se ve empañado por modelos de gestión pública con visos de modernidad y anclaje medieval, que subsisten gracias a los mercaderes y sanguijuelas de la política mal entendida, que con dialéctica sustentan, los puestos y espacios que con influencias y sin conocimientos, capacidades y meritos adquieren y luego no saben como llenar.

Hasta cuándo esta situación? no es problema de un gobierno, es problema de un sistema y concepciones clientelistas y mediocres, que apuestan a dar lo poco y salir del paso, privilegiando a improvisadores poco preparados a gestionar lo público, como si de jugar PlayStation se tratará.

Me disculpo con mis lectores por someterlos a tan largo artículo, es quizás una forma de desahogo al peso de tanta improvisación e irrespeto para quiénes habitamos en este país privilegiado, pero plagado de inverosímiles e insólitas situaciones como personas muriendo por un jarabe envenenado (dietilenglicol), quemados por un bus de transporte público, helicópteros que por error humano o falla técnica se estrellan y dónde si no es por insistencia de un Estado extranjero aquí no ha pasado nada.




Reconocimiento al Licdo Carlos Herrera Moran por el trabajo que esta realizando en este caso http://www.youtube.com/watch?v=yZ7ViKayuKY

7 comentarios:

  1. Sin duda es vergonzosos y repugnante para el Estado panameño lo ocurrido en el centro de cumplimiento de menores, como también lo es, la infortunada e innecesaria muerte de 18 seres humanos a bordo de un transporte público cerca del templo de Hossana, donde desdichadamente se registró la muerte de 4 (cuatro) niños. Otros 12 adultos y 6 niños más resultaron con graves quemaduras.
    Si bien ambas situaciones son responsabilidad del Estado Panameño, la sociedad en general, por no decir los medios de comunicación en general manipulan la opinión ciudadana, juzgan, sentencian y condenan a los gobiernos de turnos, pero particularmente al presidente de la república cuando en mi opinión, la responsabilidad es de UNO de los protagonistas. Esa manipulación queda al descubierto cuando repetidamente muestran las imágenes dantescas y los gritos desesperados de los que se quemaban, mientras alguien con una voz de inexcusable depravación e insensible compasión, cuestiona su masculinidad u hombría. Pero olvidamos que alguien estaba filmando y también fue indiferente ante ese clamor de auxilio, que tampoco hizo ni dijo nada. A caso la filmación (al margen de lo que filman) es considerada “Obediencia Debida” en la jerga periodística como lo es en la milicia.
    El conductor del bus, pudo decidir bajar a los pasajeros antes del incendio y los custodios pudieron abrir las puertas de las celdas ante el siniestro. Pero ni uno ni otro hicieron lo que usted y Yo estamos pensando ahora en frío, tendríamos que estar en el calor de esos escenarios y constatar allí nuestra capacidad para manejar adecuada y oportunamente nuestras acciones.
    No podemos culpar a la institucionalidad, por algo que compete estrictamente a un individuo que de hecho no representa a toda la institución y que por sentido común tenemos que colegir que tampoco es la ideología del estado o de cualquiera de sus estamentos dejar quemar a sus asociados en cualquiera que fuese las circunstancias, (bus, cárcel, hospital, etc.). Me niego a aceptar que exista un terrorismo de estado para que se quemen casas y personas como ocurrió 2 veces en curundú y una vez en Santa Ana durante el gobierno anterior.
    Su conducta delictiva los llevó a esas mazmorras y seguramente provocaron si no la muerte la apoplejía de otro ser humano, que consuetudinariamente se excluye de la ecuación, porque no tienen una sociedad civil que se preocupe por ellos. No estamos de acuerdo con lo ocurrido pero, urge revisar los valores familiares, sociales, educativos y políticos de nuestra sociedad y que en nada contribuyen a forjar mejor panameños.
    El hacinamiento en las cárceles es un problema de Estado que data de muchos años y el crecimiento de sus inquilino es exponencial, de hecho llegan recurrentemente a eso hoteles de menos 20 estrellas y carecen de la impronta biológica por el cual, todos los animales jóvenes durante un corto periodo de receptividad aprenden una serie de reacciones estereotipadas frente a un modelo. Todo parece indicar que el modelo de vida en esas hacinadas cárceles es para ellos un verdadero placer, que gozan con cada visita, dejando en la ciudad pena, dolor y sangre.
    Para terminar los custodios pueden ser acusados de una indiferencia depravada, por sus inhumanas manifestaciones, y pienso que también debemos, incluir al camarógrafo y al que tenía el micrófono.
    Opino que hay una responsabilidad compartida tanto del custodio como de los prisioneros, porque toda causa tiene un efecto y al terminar las investigaciones sabremos qué fue lo que provocó el incendio y quién lo provocó; por el momento no creo que una bomba lacrimógena haya comenzado el conato y la réplica de los mismos eventos en las cárceles de cumplimiento de menores en el interior son sospechosamente un deja jú que nadie comenta.

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  2. Primeramente apreciado lector, le doy una cordial bienvenida a este su espacio de opinión. Efectivamente es repugnante y vergonzoso sin medias tintas, lo ocurrido en el Centro de Cumplimiento de Tocumen.

    Como bien manifesté en el artículo que nos ocupa, los jóvenes se quemaron vivos “a ciencia y paciencia de las autoridades, los bomberos y camarógrafos que cubrían la noticia”, ya que por los motivos que fuese no se respondió en base al sentido común, ni a los debidos protocolos de actuación que tengan como eje transversal no solo la represión sino también la preservación de los derechos humanos y la preservación de la vida y dignidad humana. En este sentido, deseo dejar claramente sentado que mi cuestionamiento va dirigido a todos los que por negligencia, acción u omisión permitieron esa barbarie y principalmente a demostrar las fisuras del sistema que distintos gobiernos han permitido y acentuado a través de las décadas.

    Ahora bien, desde el momento en que individuos “investidos de autoridad” por la vía legal, realizan expresiones de este tipo, golpean a uno de los jóvenes que quemado y desgarrado salía de semejante situación, estamos frente a un delito, no falta administrativa, sino un delito que compromete seriamente al Estado panameño, entendiendo por Estado panameño, no a ese ente abstracto que todos mencionan y nadie entiende, sino al Estado panameño a través de sus “instituciones”.

    Mis apreciaciones querido lector, si ha podido apreciar a lo largo del desarrollo del artículo, en ningún momento pretenden culpar a un gobierno, más si a un sistema y enérgicamente a sus instituciones (no infraestructuras ojo), sino instituciones democráticas y de derechos humanos, tal cual funcionan desde la perspectiva de la gestión pública ( campo de estudio especializado del cual nos falta mucho por conocer en nuestro querido Panamá).

    La institucionalidad como concepto asociado a las democracias modernas con características específicas, no como palabra de moda vitoreada por las masas, implica la promoción y protección de los derechos humanos, como base o soporte sobre la cual descansa la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la gobernanza de un Estado.

    Razón por la cual una violación a los derechos humanos y a la dignidad humana de esta magnitud y emanada de la autoridad encargada de hacer cumplir la ley compromete de manera directa la institucionalidad democrática de un Estado, porque lejos de proveer seguridad y equilibrio a sus asociados, nos coloca en un estado de temor e indefensión.

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  3. Continuación...

    Lo anterior es así si se tiene en cuanta que tan temerario es un maleante dispuesto a todo por sus viles intereses (censurable nadie ha dicho que no), como un representante de la autoridad que dispare a mansalva en una casa, viole a una menor o como es el caso deje quemar vivos a un grupo de jóvenes infractores. (Casos así son reportados a diario y nadie hace nada) Esto es una forma de terrorismo institucional cuando causar terror se torna en práctica y hábito mediante acciones que bien podrían ser subsanadas con acciones enérgicas, decididas y mediante el rediseño de modelos desfasados.

    Por otra parte, el modelo de vida en las cárceles, con el mayor de los respetos querido lector, pese a ser un tema de viaja data, bien puede ser mejorado, pero para ello hace falta voluntad política, elevar el asunto a prioridad de Estado y definitivamente invertir en el asunto.

    He escuchado en repetidas ocasiones que el modelo delictivo los tiene donde están ( en mazmorras ) y es que estamos claro que cada acción tiene una reacción, sin embargo, la proporcionalidad de la pena y la sanción es un principio de derecho, que nos obliga a recordar, que debe existir proporcionalidad entre la sanción y el delito cometido, ya que lo contrario sería simplemente sinónimo de injusticia y de barbarie. (Le recomiendo leer el libro De los Delitos y De las Penas, para ayudar a amplir su información sobre el tema).

    Ahora bien, podemos desconocer este criterio y retrotraernos a los tiempos de las cavernas o de las torturas del Medioevo y empezar a guillotinar nuevamente a la gente. (Algunos estarán de acuerdo, yo como humanista repudio tal opción, ya que en nada contribuye a formar al mejor ciudadano del que usted me habla.

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  4. Continuación...

    Frente al papel de los medios en cuanto a manipular, juzgar y sentenciar a los gobiernos de turno (aunque tampoco son todos ), comparto su planteamiento, ya que esta ha sido una práctica bastante generalizada, que tiene su génesis en el concepto de poder tras el poder. Recordemos que quién maneja la información tiene poder y en muchos casos forma opinión. Razón por la cual la responsabilidad de ser acuciosos y aprender a leer entre líneas nos corresponde a nosotros mismos. Y es precisamente lo que intento a través de este espacio, ya que lo importante no es que se comparta o no mi opinión, sino que se genere reflexión y debate, que es mucho mas deseable que la abulia y apatía en la que con regularidad permanecemos inmersos.

    En este caso en particular, como en todo lo relacionado con sociedad, política, etc. cualquiera es dado a emitir sus juicios de valor como ciertos. Lo peculiar del asunto es que a nadie o a muy pocas personas se les ocurriría hablar con propiedad de física cuántica o astronomía, sin embargo, tratándose de temas sociales, legales o políticos, como la resocialización, el sistema penitenciario, la delincuencia ( sus causas y consecuencias ), todo el mundo opina con la mayor de las seguridades cuando muy pocas de esas opiniones quizás están sustentadas en algo más que la lectura del periódico (amarillista en muchos casos), el programa radial de moda o la reproducción de argumentos transmitidos de padres a hijos , de generación en generación.

    Por otra parte querido lector, le anticipo que este caso como muchos en nuestro bello país, sufrirá del Síndrome del momento, la investigacioncitis, que le puedo decir apreciado lector, Panamá es el país de las investigaciones y las impunidades. Las cuales descubiertas o no, la mayoría de las veces terminan en el mismo resultado. Nada se hace. Esa falta de credibilidad, esos niveles de trafico de influencias, de corrupción, por supuesto que afecta la institucionalidad de todo Estado de derecho.

    La sociedad civil se ha manifestado en múltiples ocasiones sobre los elevados niveles de violencia existentes en el país, ha organizado vigilias, marchas, caminatas, acciones de reproche, lo cual nos lleva a concluir que eso no esta en debate en estosm omentos, ya que sería cuestión de buscar cronológicamente todas las intervenciones de la sociedad civil en repudio a actos de violencia en general.

    De igual forma, bajo ningún punto de viste he de permitir que mi artículo sea descontextualizado y llevado a un nivel político partidista, cuando del mismo se colige una crítica constructiva hacia un sistema que nadie en su sano juicio podría catalogar de funcional y digno. (para nadie)

    Los valores democráticos sustentan la democracia, no existiendo estos, por falta de formación familiar, educación formal o reproducción de ejemplos distorsionados ( como el que podría generar la impunidad frente a este y otros casos sensibles), generan el caldo de cultivo para una sociedad que cada día creerá más en el ojo por ojo y diente por diente y mucho menos en la justicia, lo cual no es el mejor modelo de principios y valores para nuestras futuras generaciones.

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  5. Hay instituciones democráticas que claman por los derechos humanos, cuando comisionados de la policía demandan justa justicia; cuando una ministra de gobierno está en contra de la ley y cuando el presidente de la república aboga por el debido proceso (por citar algunos ejemplos). Creo que estamos mejorando la institucionalidad, sin embargo, el pluralismo ideológico permite avances y retrocesos que se hacen dentro del marco de la democracia, y mediante los órganos del estado legalmente constituidos.
    Respeto vuestra opinión, y acepto la definición de “terrorismo institucional” en la dimensión de violencia e intimidación para conseguir objetivos políticos, pero en el centro de cumplimiento de menores, (en mi opinión) hubo imprudencia, negligencia y hasta impericia o inobservancia de reglamentos y deberes, sin prever las consecuencias de los resultados.
    La violencia institucionalizada por el hampa, requiere de acciones firmes y efectivas dentro del marco de la constitución, para que la certeza del castigo mitigue la comisión recurrente de delitos, y en buena medida remplace la guillotina o pena de muerte, pero antes hay que acabar con el leseferismo judicial, que alimenta el caos, el desorden y la anarquía.
    Podemos y debemos opinar sobre temas sociales, legales o políticos porque somos parte de esta sociedad, nos afectan las distintas legislaciones y somos sujetos y objetos de la política en general. Nuestras opiniones son el producto de nuestras convicciones e interpretaciones personales y a partir de esas meditaciones, he llegado a pensar que hemos agostado el sistema presidencialista y que deberíamos evaluar otra forma de gobierno.

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  6. Abogar no es actuar. Así como hay doble moral en lo privado, también la hay en lo público. Muchos individuos desarrollan dobles discursos, desgraciadamente las huellas de un doble discurso en lo privado impactan a hijos, esposas y familia en general. Sin embargo, en lo público la acción o inacción de un agente del Estado (presidente, ministra, directivo de institución, funcionario, etc., provoca un efecto en cadena que desequilibra en muchas medidas el sistema social y político del que se trate.

    No estamos acostumbrados a verlo de esta manera, pues nuestro sistema de pensamiento y obviamente nuestra forma de entender lo público es unívoca y lineal, más no integral, estratégica y cruzada.

    Rara vez nos detenemos a pensar que la inacción, el silencio y lesseferismo, es también una forma de acción o manifestación y que viniendo de autoridades es tan nefasta e incluso mucho mas dañina que otras formas de autoritarismo. Es decir, el no hacer nada frente a crisis sociales como el tema de la justicia y el caos existente en el sistema penitenciario, eso es una política (querida o no) de sometimiento al terror. O es que acaso vivir en un estado de inseguridad jurídica no es una forma de manifestación de terror. (Recordemos que la ausencia de guerra no es paz,ya que distintas formas de violencia más allá de la física causada en una guerra)

    Con respecto al concepto de terrorismo de Estado, muchas son las definiciones sobre terrorismo a secas y sobre terrorismo de Estado, entre otras cosas por estar cargado de mucha visceralidad y poca precisión (limitaciones clásicas del lenguaje para describir fenómenos sociales). Sin embargo, en el ámbito de la filosofía política no todo esta dicho en este sentido. Y las experiencias humanas van poco a poco desarrollando y ampliando estos conceptos.

    Particularmente, considero que el terrorismo (lato), entendido como ese uso sistemático o la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror o dominación por medio de la violencia.(ojo, no necesariamente con fines políticos), puede verificarse tanto por la vía de la acción como por la vía de la omisión y la debida observancia, no sólo por grupos al margen de la ley, sino por los Estados a través de sus autoridades. (Próximamente desarrollaré un artículo especializado sobre el particular )

    Siguiendo esa línea de pensamiento, analicemos por un momento, si es casualidad que el Estado panameño, a través de no uno, ni dos, sino un número x de gobernantes llegados al poder, ante problemas prioritarios y subsanables muchos por la vía del debido gerenciamiento público, no hagan nada en temas prioritarios como salud, educación, vivienda? Es eso simple negligencia? No, porque desde el momento en que es continuada en el tiempo y se introduce en idiosincrasia pública de un Estado, ya esa inercia pasa a ser una acción, una política de Estado en sí. (la de dejar hacer y dejar pasar). La política del Estado Panameño ha sido por años ( aunque nos duela aceptarlo) la de eludir su responsabilidad en muchos ámbitos y ni hablar de indemnizar a aquellos que de alguna forma u otra han visto sus derechos violados.

    O es que acaso es una realidad aislada el deplorable estado de nuestras cárceles y centros ?, es una realidad aislada la desidia en que por años permaneció el sistema de transporte público hasta el momento en que se quemo un grupo de ciudadanos panameños? No lo sabían los encargados de lo público o vino esto a emerger con el bus de la muerte. Por favor, seamos serios.

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  7. Analice Sr lector, hasta que punto es responsable un Estado (a través de sus gobernantes, entendiendo que gobierno y Estado son dos conceptos distintos) por el estado de terror, inseguridad, insalubridad o paz en que mantiene a sus nacionales?

    Claro, definitivamente el concepto del que le hablo es duro, es radical y exigente. Y por qué no serlo? O es que acaso no podemos aspirar a un mejoramiento continuo de nuestros Estados e instituciones a todos los niveles? Derechos humanos, institucionalidad, calidad en servicios.

    Por otro lado, insisto en que tanto la violencia institucionalizada por el hampa, como la violencia institucionalizada por el Estado a través de sus agentes, es igualmente dañina para los asociados. Ahora bien? Que se necesitan acciones firmes y efectivas? Por su puesto que sí, eso jamás ha estado en debate aquí. Cómo hacerlo sin violar derechos inalienables y retrotraernos a estados de barbarie, esa es la función de gestores públicos conocedores de sus áreas y que independientemente de las duras realidades políticas (siempre existirán) se pronuncie frente a asuntos que son parte de la responsabilidad que le corresponde como representante de la función pública.

    Ya basta de los convidados de piedras del sistema, los funcionarios tienen responsabilidades, usuarios/contribuyentes/asociados tenemos responsabilidades y el Estado como ente tiene responsabilidades frente a la vida y honra de los suyos.

    En cuanto al tema de opinar o no, es menester no sacar de proporciones las palabras, ya que al referirme al tema de que hoy en día cualquiera opina, mi critica despiadada quizás, va dirigida no al derecho a opinar, sino al deber de informarse lo mejor posible en aras de emitir opiniones responsables y analíticas.

    Creo que hay demasiados panameñitos o latinitos vida mía, especializados en todo y en nada a la vez, en criticar y no hacer, en destruir con opiniones y no edificar mediante acciones. En etiquetarse como poseedor de verdades y no contemplar siquiera la otra cara del fenómeno analizado.

    El ciudadano debe involucrarse y participar en la construcción de sus realidades, así sea que sienta que nadie lo escucha. Es una responsabilidad ciudadana, que va mas allá de sentarse en un sillón con un control y destruir al director o presidente de turno.

    La realidad (insisto) es que hay fallas vergonzosas en nuestro sistema, porque ojo, fallas siempre existirán, pero aquellas que "sistematizadas" dañan la vida, integridad y honra de los ciudadanos. Esas deben ser NO NEGOCIABLE.

    Y lo ocurrido en el centro de cumplimiento, ya sea por acción u omisión (vistas al calor de los propios y limitantes apasionamientos humanos), no es un acto aislado ( no desde la perspectiva de jóvenes quemados, sino desde la perspectiva de un sistema penitenciario decadente y medieval). Es un sistema que privilegia el terror y potencia en vez de aplacar la criminalidad.

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